Otto Urdaneta una victima más de un expediente fabricado por el régimen venezolano y una prolongada incertidumbre judicial en Colombia

El caso de Otto Urdaneta abre interrogantes sobre el uso de procesos penales impulsados desde Venezuela, las garantías del debido proceso y la situación de una persona que, según denuncias que deben ser verificadas, permanece privada de libertad en Colombia sin una resolución definitiva conocida. Tres años de detención, una denuncia relacionada con 15.000 dólares y un procedimiento internacional que sigue generando preguntas. El caso de Otto Urdaneta se convierte no en una historia, sino en una famili destruida que exige respuestas sobre la actuación de las autoridades venezolanas, las condiciones de su privación de libertad y las garantías judiciales que le han sido reconocidas. La denuncia central es grave pues se sostiene que el régimen venezolano habría fabricado un expediente para perseguirlo judicialmente, sin embargo la paradoja no concluye allí, pues actualmente no tienen ninguna orden de detención, pero tampoco toma decisiones que lleven a la libertad de Urdaneta, lo que demuestra que este fue uno de los tantos expedientes fabricados por el chavismo LOS HECHOS: Los antecedentes conocidos muestran que Urdaneta fue detenido en Panamá en noviembre de 2022, posteriormente puesto en libertad por falta de pruebas, pero que, posteriormente, Colombia lo capturó en mayo de 2024 en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, por un requerimiento internacional promovido por el régimen venezolano. La prensa colombiana informó que el señalamiento inicial estaba relacionado con el supuesto incumplimiento de la entrega de equipos de bioseguridad pagados durante la pandemia, sin embargo este caso no se ha podido comprobar, pero Urdaneta sigue injustamente detenido.

En mayo de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró procedente solicitar su extradición a Colombia. La existencia de ese procedimiento, sin embargo, no demuestra culpabilidad ni resuelve las preguntas sobre la legitimidad de las acusaciones.

UN PROCESO QUE EXIGE TRANSPARENCIA:

La cuestión fundamental es determinar qué ha ocurrido con el expediente, cuál es el fundamento jurídico de la detención actual y si existe una decisión firme que justifique la continuidad de la privación de libertad. Si la defensa sostiene que las acusaciones fueron construidas artificialmente, debe poder presentar y controvertir las pruebas correspondientes ante una instancia independiente. También resulta indispensable conocer las decisiones adoptadas por los tribunales colombianos, las solicitudes formuladas por la defensa y el estado actual del procedimiento de extradición. La prolongación de una detención sin información pública suficiente alimenta dudas legítimas y hace necesario que las autoridades expliquen, con documentos y fechas verificables, la situación jurídica de la persona afectada.

¿UN CIUDADANO ESTADOUNIDENSE EN UN LIMBO JUDICIAL?

También se ha planteado la denuncia de que un ciudadano estadounidense permanece atrapado en un limbo judicial. Si esa referencia corresponde a Otto Urdaneta, es necesario verificar documentalmente su ciudadanía: los reportes periodísticos y la resolución venezolana localizados lo identifican como ciudadano venezolano. La nacionalidad estadounidense no queda acreditada en esos documentos. La aclaración no es menor. Si existe una ciudadanía estadounidense adicional, deben establecerse las actuaciones consulares, las comunicaciones con las autoridades colombianas y las garantías que se le hayan reconocido. Asimismo, debe precisarse qué organismo tiene actualmente competencia sobre su caso y cuál es el estado del procedimiento.

LAS PREGUNTAS QUE LAS AUTORIDADES DEBEN RESPONDER:

El caso requiere respuestas concretas, y su abogado en Venezuela Alexander Castillo, se ha dirigido al fiscal General de la Nación Larry Devoe, ¿qué pruebas sustentan las acusaciones?, ¿qué decisiones judiciales mantienen vigente la detención?, ¿cuál es la fecha exacta desde la que permanece privado de libertad de manera continua?, ¿qué recursos ha presentado su defensa y qué respuesta han recibido?, y sobre todo dar una respuesta concreta y dejar claro su posición. No basta con repetir los cargos formulados por las autoridades venezolanas, pero tampoco es responsable declarar probado que el expediente fue fabricado sin examinar las evidencias. Una investigación periodística rigurosa debe confrontar la versión oficial con los documentos judiciales, los argumentos de la defensa y las decisiones de las autoridades colombianas. La historia de Otto Urdaneta no debe quedar reducida a una acusación económica ni a una disputa entre gobiernos. El centro de la investigación es la verdad judicial, establecer si las imputaciones tienen sustento, si se respetaron las garantías procesales y por qué continúa, si así lo confirman los registros actuales, privado de libertad. Su abogado en Colombia, Luis Carlos Macias, denunció como se ha dirigido a las autoridades de Venezuela, pero no han tenido respuesta. El caso de Otto Urdaneta refleja un preocupante cruce de responsabilidades entre las autoridades venezolanas y colombianas, que parecen pasarse la papa caliente mientras persisten las interrogantes sobre su situación jurídica y su permanencia en prisión. En medio de este limbo judicial, la pregunta es quién responderá por el tiempo que lleva privado de libertad y quién garantizará que su caso sea examinado con transparencia e independencia. Washington debe ser un actor clave en la exigencia de respuestas, mediante sus canales diplomáticos y consulares, para esclarecer su situación, verificar que se respeten sus derechos y reclamar garantías de debido proceso. Porque ninguna disputa judicial entre Estados puede convertirse en una condena indefinida a la incertidumbre, ni dejar a un ciudadano sin respuestas sobre su libertad y su futuro.

El caso estuvo en la mira de Orlando segura y su CÓDIGO SEGURA:

Por otra parte la esposa de Otto Urdaneta, Ana Oviedo, denunció como ha sido extorsionada, solicitante grandes sumas de dinero a cambio de agilizar el caso en Colombia y en Venezuela, y no solo ella, también denunció como una de sus vecinas ha sido acosada para infundir ,miedo y así Oviedo pague la cantidad de $300.000 mil. El abogado Macias, hace un llamado al presidente Abelardo de Espriella, la congresista republicana Maria Elvira Salazar. Por su parte su abogado en Venezuela, Castillo exige al Fiscal General de la Nación, Larry Davoe, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Defensora del Pueblo, Eglée González pronunciarse en este caso y revisar los registros migratorios, para comprobar como el chavismo le fabricó este expediente.